Colombia estaría buscando la firma de las modificaciones en el Capítulo 10 del acuerdo, antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia.
La reciente actuación de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha generado inquietud en diversos sectores, especialmente tras conocerse a través de reportes de prensa sus esfuerzos por negociar nuevas interpretaciones de disposiciones relacionadas con inversiones en el Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, al igual que del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Esta situación ha encendido alarmas sobre posibles incoherencias con los intereses nacionales y la falta de transparencia en las gestiones de la USTR.
Por ejemplo, en una carta enviada al presidente Joe Biden, varios congresistas de Estados Unidos aseguraron que el T-MEC eliminó gradualmente muchas de las protecciones del mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (ISDS) que existían bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, los negociadores estadounidenses, respaldados por el Congreso, incluyeron un período de transición de tres años para que las empresas estadounidenses con inversiones preexistentes pudieran presentar reclamaciones bajo los términos anteriores.
Esta medida resultó crucial ante diversas acciones de expropiación directa y prácticas ilegales emprendidas por el gobierno mexicano en los últimos años. Un caso emblemático es el de Vulcan Materials Company, que desde 2018 mantiene demandas bajo el TLCAN para recuperar pérdidas derivadas de invasiones, cierres arbitrarios y expropiación directa de sus activos por parte del gobierno mexicano.
Las acciones recientes de la USTR podrían debilitar de manera arbitraria las posiciones legales de Vulcan y de otros inversionistas estadounidenses que aún enfrentan disputas con gobiernos extranjeros.
Según informaron diversos medios, la USTR busca modificar la interpretación de disposiciones clave del T-MEC, lo cual podría favorecer al gobierno de México al evadir responsabilidades por sus acciones, al tiempo que disminuiría las probabilidades de que los inversionistas estadounidenses obtengan resultados justos en los procesos de arbitraje.
Tomado de: Portafolio