El nearshoring (la reubicación de empresas cerca de sus mercados) se ha convertido en una importante estrategia para muchas compañías. Sin embargo, esta tendencia, impulsada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, se enfrenta a un enorme desafío: la creciente preocupación por el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales.
Desde su entrada en vigor en 2012, el TLC ha sido un motor de crecimiento económico para ambos países, facilitando el intercambio comercial y generando nuevas oportunidades de negocio.
A medida que las empresas buscan aprovechar los beneficios del TLC, se enfrentan a una mayor presión para garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de trabajo forzado. Las nuevas políticas aduaneras de Estados Unidos, centradas en la verificación del origen de las mercancías, han puesto este tema en el centro del debate.
Las políticas comerciales de Estados Unidos han experimentado cambios significativos en los últimos años, con un enfoque cada vez mayor en la lucha contra el trabajo forzado. La Sección 307 de la Ley Arancelaria, vigente desde 1930, prohíbe la importación de productos fabricados con mano de obra esclava o forzada.
En la práctica, esta política prohíbe la importación a Estados Unidos de cualquier producto que tenga vinculación con Xinjiang, así como la participación de uigures o mano de obra forzada. En apenas dos años, las autoridades estadounidenses han incautado mercancías valoradas en 3.5 billones de dólares y retenido más de 9,128 envíos (datos al 6 de junio de 2024), lo que demuestra el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el trabajo forzado. La mayoría de los productos detenidos en aduana son los electrónicos, seguidos por ropa, calzado y textiles, materiales industriales y manufacturados, productos agrícolas, bienes de consumo y artículos relacionados con la salud.
Por su parte, este año se celebrarán nuevas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Donald Trump, candidato principal del partido Republicano, ha manifestado públicamente la intención de imponer un arancel del 60% a todas las importaciones de China. Estas manifestaciones generan además la presión de que el nuevo candidato del partido Demócrata tome medidas aún más duras contra China en materia de comercio exterior. Incluso, se ha llegado a proponer que a China se le revoque el estatus de nación más favorecida, lo que podría genera aranceles mayores al 60% para productos de interés social y político para los Estados Unidos.
Estas políticas Anti-Chinas, sumadas al TLC ya vigente, abren una gran ventana de oportunidades para el nearshoring colombiano. Sin embargo, las empresas colombianas exportadoras ahora deben asumir la responsabilidad doble de verificar que sus productos no solo cumplen con los requisitos y obligaciones establecidos en el TLC, sino que también están libres de cualquier componente proveniente de trabajos forzados.
Tomado de: Mercojuris