El nuevo gobierno argentino del presidente Javier Milei va a tener consecuencias significativas en el comercio exterior argentino. El horizonte es la desregulación y la liberalización completa de los intercambios comerciales con el exterior.
Una aguda crisis
Algunas de las medidas son provisionales para resolver urgencias fiscales con un déficit del PIB que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta en 3,99% y un déficit comercial que en el 2023 alcanzó US $6.926, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC).
Otras de las medidas tienen una perspectiva de largo plazo y se dirigen a la disminución del papel del Estado, la dolarización de la economía y a una reorientación de las relaciones económicas internacionales, mirando prioritariamente a Estados Unidos e Israel y distanciándose de los BRICS a cuya pertenencia renunció el presidente Javier Milei.
Las primeras medidas del presidente Javier Milei en comercio exterior
Una de las primeras medidas del presidente Javier Milei fue decretar una devaluación del 50% al pasar el tipo de cambio a 800 pesos por dólar, una facilitación de las importaciones al cambiar el sistema SIRA, que según el gobierno era un sistema para lograr un seguimiento, control y registro de los flujos comerciales, por un mecanismo estadístico que no requiere la aprobación de licencias.
El presidente Milei aumentó los impuestos para las exportaciones de todos los productos, medida que entró en vigor a pesar del rechazo de algunos sectores.
Luis Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó su rechazo a la medida y señaló que es el “peor impuesto que puede tener una producción”. Al entender que era un aumento provisional, añadió que “no podemos estar defraudados con un gobierno que acaba de asumir y nos invita a conversar”.
Además, Milei aumentó el impuesto PAIS que grava la compra de divisas en montos altos y aumentó las retenciones a las exportaciones de todos los productos, las retenciones son un impuesto que grava las exportaciones, impuesto que ya estaba vigente para las exportaciones agropecuarias pero fue extendida a todos los bienes.
Estas medidas son apenas una parte de la legislación propuesta en una ley llamada Ómnibus que establece la emergencia económica e incluye más de 300 disposiciones dirigidas a la privatización, desregulación después de haber dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el pasado 2 de enero.
Inconformidad social y amenazas a la industria
Las medidas fueron criticadas por la organización Industriales Pymes Argentinos (IPA) a través de Daniel Rosato, su presidente, quien rechazó la desregulación de las importaciones.
Rosato añadió que la entrada masiva de productos terminados afectará el tejido industrial compuesto, principalmente por empresas de menos de 100 trabajadores que dan cuenta del 77% del empleo privado.
El DNU derogó el Código Aduanero, el cual determina las causales para que el Poder Ejecutivo establezca prohibiciones o cupos para las exportaciones o importaciones. Esta derogación eliminó la necesidad de un registro para las operaciones de comercio exterior.
La especialista del Conicet, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Anahi Rampinini, señaló que serían afectados aquellos sectores que cuentan con un alto nivel de protección como las prendas de vestir, textiles, tejidos, muebles, maletas, bolsos juegos, calzado, alfombras, motos y bicicletas, entre otros.
Estos sectores representan el 45% del total de las importaciones y son sectores intensivos en mano de obra y de capital nacional.
Muchas de estas medidas no son nuevas y fueron implementadas, aunque con menor profundidad, por el gobierno de Mauricio Macri, quien forma parte de la nueva coalición gobernante.
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina manifestó su preocupación sobre los esquemas propuestos de solución para las deudas comerciales privadas en el exterior. Esta federación exigió que se beneficien las pequeñas empresas y señaló la necesidad de que los impuestos a las exportaciones, las cuales son un recurso transitorio, no impacten la competitividad a las economías regionales y a las cadenas de valor.
El gobierno del presidente Milei no tiene mayorías en el parlamento y sus primeras medidas han sido objeto de una aguda controversia, no solamente por su significado práctico inmediato, sino por estar formuladas dentro del contexto ideológico de lo que denomina una posición libertaria.
Es previsible un periodo de convulsión e inestabilidad. La inflación en diciembre subió al 25%, los salarios no se han actualizado en la misma proporción y un 44% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
Tomado de: Más Colombia